Por: Valentín Piña (Colaborador de Jicaradecoco.com)
El pasado Domingo se inició el proceso judicial sobre la denominada Operación Pulpo, cuyos tentáculos al parecer, permearon una gran parte de las carteras del Estado en el gobierno anterior encabezado por Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana.
Entorno a este caso, como en otros que se han visto involucradas autoridades, muchas personas tienen sus escepticismos sobre si realmente se hará justicia, o pasara como los anteriores, que han terminado sin condenas ejemplares.
Las pruebas presentadas en el juicio preliminar sobre los actos de corrupción que envuelven altas esferas y una gran parte de las instituciones en el gobierno peledeista, hablan de un desfalco colosal del erario y por el bien de la democracia no puede ni debe quedar sin castigo.
La presunción de inocencia es un derecho inalienable que ha de respetarse hasta que se compruebe la existencia de pruebas que conlleven a una condena definitiva, pero ante las evidencias presentadas en el entramado de Operación Pulpo, no creo que existan dedos para tapar tantas goteras.
Son muchos los casos que deben revisarse y juzgarse y que involucran a funcionarios de otros gobiernos que, de igual manera, han lesionado la economía del país, razón por la cual, deben ser investigados y sancionados, conforme a ilícitos cometidos. Solo así, podrán pagar por el daño causado al país y a los dominicanos con cárcel.
La población no quiere que se repita la historia de imputados que enfermen y solo se curen si son tratados en hospitales de fuera del país, donde luego de superar “sus padecimientos” y se quedan, evadiendo la justicia y sin que se recupere el dinero robado al pueblo dominicano.
Tampoco, que solo sean procesados los de menor cuantía (peces pequeños), sino que se sometan al mismo rigor de la justicia todos los encartados, es decir, que no haya exclusiones.
Espero que el gobierno de Luis Abinader y la justicia se casen con la gloria y que se apliquen condenas ejemplares contra quienes han manejado nuestros dineros, como si fueran herencia familiar.
También que sean expropiados todos los bienes adquiridos ilícitamente, desangrando las arcas del Estado para provecho propios, incluso ante la crisis provocada por la pandemia del covid 19. Y que se cumpla lo que dijo la procuradora Adjunta, Yenny Berenice Reynoso, que se vaya con todo y por todos.
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