En el marco del encuentro se dió a conocer además, los alcances del nuevo Consejo Nacional Para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), en donde fueron excluidas instituciones vitales para la respuesta nacional.
Nosotros que solemos analizar y reflexionar acerca del avance de esta pandemia y otras infecciones, saludamos la ley, aunque nos resulta muy extraño que el Ministerio de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no sean parte integral del CONAVIHSIDA tal y como lo establece el artículo 22 de dicha Ley.
Resulta cuesta arriba pensar que esta legislación es excluyente, ya que en la creación del Consejo existen unas 17 entidades oficiales y de la sociedad civil con sus respectiva representaciones, pero en donde no se habilitó un espacio en su dirección ejecutiva para la guardia y la policía.
Aunque llamamos la atención sobre este particular, no fuimos satisfechos con la respuesta que nos ofreció la persona que fungía de motivadora de la ley 135-11, pero aún así creemos que todavía estamos a tiempo para crearle un espacio a las entidades armadas de la República.
Nuestra preocupación viene a colación porque en la vieja ley sobre Sida (la 55-93), así como el decreto No. 32-01 que creó el Consejo Presidencial del Sida (COPRESIDA), existía una representatividad de la Fuerzas Armadas, y ahora por qué no.
No nos olvidemos que tanto los institutos armados como la Policía Nacional están formados por grupos de personas, compuestos por miles de soldados y agentes, cabezas de familia, distribuidos en toda la geografía nacional, prestando servicio, incluso en lugares donde no llega la mano amiga de la prevención.
Los guardias y los policías son muchos, tienen familias, viven agrupados en sus cuarteles, se enamoran hasta de una mata, por lo tanto, son proclives a contraer una que otra infección y llevarlas a sus hogares.
Ellos pertenecen a un sector vulnerable, por lo tanto también son pasibles candidatos de convertirse en victima del estigma y la discriminación.
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